Cien años de política migratoria mexicana

citado de La Jornada, seccion de migracion
Autor:Jorge Durand
"El autor repasa las distintas fases de la política migratoria mexicana, hasta llegar al momento actual cuando, sostiene, la falta de grandes acuerdos con Washington contrasta con los avances de México en acciones unilaterales y acuerdos parciales. En el contexto de dos propuestas de acuerdo migratorio en el Congreso estadunidense, los migrantes han comenzado a actuar en el lobby político. Son un nuevo actor en la escena binacional.
El gobierno mexicano requiere de su apoyo
UNO DE CADA 10 MEXICANOS vive en Estados Unidos y México es un país de emigrantes que no se reconoce como tal. Esta falta de conciencia nacional tiene que ver con la tradición centenaria de ir a trabajar al norte y la cotidianeidad de este proceso, pero también tiene que ver con décadas de abandono y la falta de voluntad e iniciativas con respecto al tema migratorio.
La política migratoria mexicana, en particular la que se refiere a la diáspora a Estados Unidos, opera con un doble mecanismo. Por una parte, se afirma el derecho constitucional al libre tránsito como un principio inalienable; por otra, se elaboran políticas coyunturales para disuadir, equilibrar, canalizar, administrar o impulsar el flujo migratorio, de acuerdo con factores políticos, económicos y demográficos.
En cuanto a las políticas coyunturales se pueden distinguir cinco fases: una política disuasiva en la primera mitad del siglo XX; una política negociadora a partir de la Segunda Guerra Mundial; una política de “dejar hacer, dejar pasar ” durante las décadas de los setenta y ochenta; una fase de reparación de daños en los noventa, y el periodo actual de carácter propositivo y negociador.
De la repatriación al "dejar hacer"
Desde fines del siglo XIX hasta 1940 el gobierno mexicano impulsó una política de repatración de aquellos mexicanos que se habían quedado en los territorios anexados y la acogida de aquellos que fueron expulsados de manera masiva, de Estados Unidos, durante las crisis económicas de la primera mitad del siglo (1907, 1921,1929 y 1939). Al mismo tiempo se llevó a cabo una política de disuasión para desalentar el creciente flujo de emigrantes, que respondían al llamado de los reclutadores enviados desde el norte. México se consideraba como país de inconmensurables riquezas, que necesitaba de toda su gente para salir adelante; incluso requería de immigrantes de otros países. Lo cual era una verdad demográfica, pues a principios de siglo, México tenía tan solo 13.6 millones de habitantes. En este contexto, los emigrantes llegaron en ocasiones a ser considerados como traidores a la patria, porque se iban para trabajar y engrandecer al país vecino.
Pero en 1940 México se había fortalecido con la política cardenista y el contexto de la Segunda Guerra Mundial obligó al gobierno estadunidense a cambiar de parecer y proponer una negociación bilateral: un programa especial de trabajadores migratorios para la agricultura y los ferrocarriles, regulado por ambos estados, lo que significaba el fin del sistema de enganche y el contratismo privado. Y así empezó otra fase, una política negociadora. Después de medio siglo de disuadir a los migrantes mexicanos, el gobierno se encargó de organizar y canalizar el traslado masivo de braceros. Durante esta fase, que duró 22 años, se llegó a moldear un tipo especial de migrante: temporal, masculino, joven, de origen rural y destinado al medio y trabajo agrícolas. Las negociaciones anuales eran arduas y tirantes, pero el Programa Bracero logró establecer una especie de “convenio colectivo de trabajo binacional” y movilizar a más de 5 millones de trabajadores temporales.
En 1964 concluyó de manera unilateral el Programa Bracero y empezó otra etapa. El gobierno mexicano insistía en reanudar los convenios, pero el gobierno estadunidense ya no tenía ningún interés. Al fin y al cabo los trabajadores seguían llegando sin tanto trámite y negociación. Empezó la era indocumentada, los migrantes, al ser irregulares, seguían siendo migrantes temporales porque en cualquier momento podían ser deportados. La frontera se convirtió en un filtro, en un punto de control para regular el flujo, de acuerdo con los requerimientos del mercado estadunidense. Y del lado mexicano la frontera se convirtió en “tierra de nadie” donde se movían a su antojo las bandas de maleantes y traficantes. Ante esta situación, el gobierno mexicano no supo cómo actuar; lo mejor que se le pudo ocurrir fue no hacer nada, esperar los movimientos del otro lado. Y a esto se le ha llamado la “política de la no política”. En realidad, el gobierno mexicano se desentendió del asunto y dejó a los migrantes en una situación de total abandono. Fue una etapa donde imperó la política del laissez faire por parte de ambos gobiernos y 20 años después se empezaron a pagar los costos. En Estados Unidos se decía que se había “perdido el control de la frontera” y se desató una campaña antimigrante. Para regular el proceso se emitió una ley (IRCA), en 1986, que cambió de manera radical el patrón tradicional de migración masculina de ida y vuelta. En México los cambios se sintieron más tarde, durante las elecciones de 1988, que fueron cuestionadas de manera pública y masiva por amplios sectores de la comunidad mexicana residente en el exterior. Otra vez los migrantes fueron considerados como traidores, por boicotear la celebracíon del Día de la Independencia y por ofender al lábaro patrio.
La reparación de daños
La siguiente etapa consitió en la política de reparación de daños. El gobierno priísta, empeñado en lograr un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, no podía darse el lujo de tener a sus propios ciudadanos como opositores en el país vecino. En esta etapa no hubo ninguna iniciativa de política exterior porque ese tema estaba vetado en las negociaciones comerciales (TLC), pero sí se avanzó en medidas de política interna para mejorar la atención, los servicios, la protección y la acogida de los migrantes. Se trataba de recuperar la confianza de los migrantes y de incorporarlos nuevamente al modelo político corporativo. Para lograrlo se implementaron varios programas, como el semáforo fiscal, que evitó muchas extorsiones por parte de la policía de aduanas; el Programa Paisano, para acoger y recibir a los migrantes; el programa de comunidades mexicanas en el exterior para restablecer los contactos; el Programa URESA RURESA para presionar a los migrantes “desobligados”, por medio de mecanismos legales, a que contribuyeran al sostenimiento de sus familias; el Programa 3x1 de inversión en comunidades con apoyo de las “remesas sociales” y la participación de los gobiernos municipal, estatal y federal. También se lograron cambios políticos relevantes como la doble nacionalidad, técnicamente la “no pérdida de la nacionalidad”, y el cambio constitucional que permitirá en un futuro cada vez más lejano el voto de los mexicanos en el exterior.
El fin del espejismo
Los cambios en política exterior llegaron en el año 2000 con el arribo de la democracia al país. El gobierno de Vicente Fox diseñó una política inteligente y agresiva. Por primera vez se planteaba el problema con una perspectiva de largo plazo, de principios. Para empezar se proponía un esquema de negociación que partiera de la base de una responsabilidad compartida. Se ofrecía la oportunidad de concluir con la larga fase de acusaciones mutuas, de echarle la culpa de todo al vecino. El problema debía ser atacado de manera integral, dada la complejidad del mismo. Y se debía atender tanto a los migrantes que ya estaban viviendo y trabajando en el otro lado, como a los que en un futuro se incorporarían como trabajadores temporales. Las negociaciones iban bien hasta el 10 de septiembre de 2001. Al día siguiente todo se vino abajo.
Luego el acuerdo migratorio se convirtió en un espejismo. Aparecía, a lo lejos, la posibilidad y luego se desvanecía. En buena parte fue una novatada pretender negociar de tú a tú con el Imperio. No en vano la negociación nunca salió del contexto tradicional de “asimetría de poder”.
Como quiera, para el presidente Fox el tema migratorio era prioritario en su política, tanto en la política interna como en la exterior, y consideraba a los migrantes como unos verdaderos héroes porque se habían visto forzados a salir del país y encima contribuían con una docena de mulies de millones de dólares a la economía nacional. De ahí que también se dieran avances en cuanto a decisiones de política interna, como apoyar el voto de los mexicanos en el exterior y darle nueva vida a la matrícula consular, que con el tiempo se ha convertido en un instrumento invaluable para los migrantes indocumentados que ahora pueden abrir cuentas en los bancos, identificarse ante la policía e incluso obtener la licencia de conducir. Este proceso de negociación se ha realizado en transacciones directas con los bancos, las policías locales y los gobiernos estatales. Y el resultado ha sido mucho mayor de lo esperado. Ha habido oposición y los resultados han sido irregulares, pero finalmente la matrícula consular se ha impuesto y tiene el reconocimiento del Tesoro norteamericano, después de una consulta pública sobre el tema y donde el apoyo de los migrantes y sus organizaciones resultó ser crucial.
México está avanzando más en la acción unilateral y en las negociaciones parciales, que en los grandes acuerdos con Washington. Y este nuevo elemento va a ser fundamental en la nueva política migratoria mexicana. El margen de maniobra para la política unilateral mexicana es mucho más amplio de lo que se hubiera pensado.
Sobre todo en un momento en que todo parece indicar que la salida política al tema migratorio en Estados Unidos será unilateral. En septiembre de 2003 se presentaron ante el Congreso estadunidense, dos propuestas de ley, la de Seguridad Fronteriza y Migración (HR2899), propugnada por tres senadores republicanos de Arizona, y una propuesta bipartidista, la de trabajadores agrícolas (Ag Jobs).
La primera incluye un programa de legalización de trabajadores indocumentados que ya residen en Estados Unidos, y una propuesta de trabajadores temporales. La segunda sólo abarca un programa de trabajadores agrícolas. Estas dos iniciativas significan el fin del espejismo: no será posible un acuerdo migratorio. Pero lo novedoso de estas dos propuestas es que tienen respaldo de organizaciones sociales y grupos de migrantes. Por primera vez, en la escena política estadunidense, los migrantes, documentados e indocumentados, han empezado a participar en el lobby político estadunidense. Detrás de la propuesta HR2899 trabaja una amplia coalición de organizaciones de migrantes, capitaneadas por la Asociación Tepeyac; y detrás de la propuesta bipartidista está la organización campesina que fuera lidereada por César Chávez, la United Farm Workers. Se ha abierto un nuevo escenario político. Las organizaciones de migrantes pueden buscar apoyo en el gobierno mexicano y el gobierno mexicano requiere del apoyo de las organizaciones de migrantes. Más aún, los migrantes y sus organizaciones están incidiendo en las políticas internas de México y Estados Unidos. Los migrantes tienen su propia agenda y son el nuevo actor político en la escena binacional."